Buena práctica #10
Proyecto CATI: desafíos en la implementación del control automatizado de velocidad.*
* La información contenida en la ficha corresponde al estado de avance del proyecto de ley CATI a enero 2022.
Buena práctica #10: Proyecto CATI: desafíos en la implementación del control automatizado de velocidad.
TIPO DE MEDIDA
Reducir prácticas de riesgo
PAÍS
Chile
NOMBRE DEL AUTOR PRINCIPAL
Johanna Vollrath. Secretaria Ejecutiva de la CONASET
NOMBRE DE LOS CO-AUTORES
Carla Medina Reiner Baack
NOMBRE ORGANIZACIÓN
CONASET. Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile
En Chile solo se permite la fiscalización de velocidad con capital humano, es decir, con Carabineros de Chile, en la calle controlando la velocidad mediante equipos de detección móviles manipulados exclusivamente por ellos. El uso de otros tipos de tecnologías automatizadas está prohibido por ley.
Producto de lo anterior, Chile tiene muy bajo cumplimiento de los límites de velocidad y una alta sensación de impunidad por parte de los conductores.
En el pasado, hace más de veinte años, en Chile hubo una muy mala praxis con el control automático, a través de los conocidos “fotorradares”. La población consideró esta política como un cazabobos, con cámaras escondidas de los conductores, ubicadas en puntos estratégicos donde se sabía que la velocidad era excedida, cuyo principal objetivo era recaudar y no salvar vidas. Esta experiencia actúa aún como fantasma del pasado e impide que la opinión pública y algunos legisladores acepten la función y la exitosa experiencia a nivel comparado del control automático.
Hace casi 8 años que en el Congreso de Chile se está discutiendo la ley para el control automatizado de infracciones, una lucha muy difícil que hasta el día de hoy no ve todavía la luz. El proyecto de ley se ha podido retomar gracias a la fuerza que ha ejercido la sociedad civil y las organizaciones de víctimas de siniestros de tránsito.
El proyecto de ley CATI crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones y regula el procedimiento automatizado de éstas. Plantea un sistema absolutamente distinto a los antiguos fotorradares, transparente, cumpliendo las recomendaciones y buenas prácticas internacionales, con puntos de control de velocidad debidamente señalizados, con una metodología de público conocimiento para la ubicación del radar, con el objetivo de poder evitar el exceso de velocidad y no recaudar.
Esta práctica se presenta como muestra de los desafíos a que se enfrentan algunas agencias de seguridad vial para conseguir implementar políticas públicas basadas en evidencias con efectos contrastados conseguidos en muchos países.
En Chile, el promedio de fallecidos en las últimas dos décadas por siniestros de tránsito se sitúa de manera estable, en alrededor de 1.500 personas cada año.
Según las estadísticas oficiales, la principal causa de muerte por siniestros de tránsito es la velocidad. Un 30% de quienes fallecen en las vías públicas es por velocidad, mientras que el alcohol está presente en un 9% de los conductores fallecidos.
La severidad de las causas respectivas en la última década se puede observar en el siguiente gráfico, en el que se muestra la cantidad de siniestros y fallecidos, agrupados por causa. Así, si bien sólo el 9% de los siniestros son por causas de “velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo”, un 29% de los fallecidos están asociados a la misma causa, lo que muestra que la velocidad siempre agrava las consecuencias de un siniestro, siendo en muchos casos fatales. Por su parte, al realizar el mismo análisis en el caso de “alcohol en conductor”, se atribuyen a esta causa un 7% de los siniestros y solo un 9% de los fallecidos, en toda la década.
Adicionalmente, los muertos por velocidad están más concentrados en las zonas rurales y en las zonas interurbanas, pero en el contexto de la pandemia, con la reducción en la movilidad, aumentó también la velocidad y, como consecuencia de ello, se incrementó en más de un 20% los fallecidos por velocidad en la zona urbana.
Según un estudio observacional realizado en el año 2020 por el Automóvil Club en 5 puntos situados en los grandes ejes viarios de la ciudad de Santiago, se detectó que 6 de cada 10 conductores excedían la velocidad máxima urbana de 50 km/h, con un comportamiento transversal en cuanto a edad y género.
En Chile queda un gran desafío en la gestión de la velocidad, puesto que la mitad de las víctimas fatales pertenecen a los colectivos vulnerables, quienes circulan sin un habitáculo que los proteja frente al impacto de los vehículos motorizados.
Para algunos sectores de la opinión pública, todavía es casi un valor el exceso de velocidad; es algo “bien visto” llegar en un tiempo récord de un lugar a otro y no hay un castigo social asociado, algo que ya se ha logrado conseguir con políticas públicas asociadas al alcohol en la conducción, caso en donde vemos más conciencia.
Los datos muestran lo importante que es la gestión de velocidad y apuntan a que la fiscalización automatizada, en combinación con la educación y la concientización, pueden llevar asociados resultados muy importantes.
El proyecto de ley CATI es un proyecto de ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones y regula el procedimiento automatizado de éstas.
El proyecto lleva ocho años de gestión de dos legislaturas distintas. El proceso se ha mantenido gracias a la fuerza que ha ejercido la sociedad civil y las organizaciones de víctimas de siniestros de tránsito.
El proyecto de ley ingresó en la Cámara de Diputados por iniciativa presidencial en enero de 2014 y fue aprobado en la Sala del Senado en abril del 2021.
Plantea un sistema absolutamente distinto a los antiguos fotorradares y los esfuerzos se centran en vencer la resistencia social a la mala experiencia de los años noventa del siglo pasado.
Para vencer los desafíos de la implementación del control automatizado, el proyecto se desarrolla cumpliendo las recomendaciones y buenas prácticas internacionales, con el objetivo de poder evitar el exceso de velocidad y no recaudar. Se basa en tres principios:
- Disminuir la siniestralidad: no se busca infraccionar ni recaudar fondos. Los dispositivos de control se instalarán en los puntos de mayor riesgo de siniestros de tránsito.
- Transparencia: instalación de cámaras mediante metodología de público conocimiento, en puntos de control debidamente señalizados.
- Eficiencia: modernización del procedimiento administrativo. Se multará de manera rápida y oportuna, basada en la disminución de los tiempos y problemas asociados al procesamiento de la infracción de tránsito.
Una primera medida de institucionalidad, para llevar adelante la gestión del proyecto, es la creación de la “División de Fiscalización del Tránsito y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito”, dependiente de la Subsecretaría de Transportes (MTT).
Sanciones iniciadas a partir de control automatizado:
Principales cambios en el procedimiento sancionador:
Tecnología y Reglamento
Uno de los elementos fundamentales del proyecto es la metodología del control de la velocidad, basada exclusivamente en criterios de seguridad vial.
Este informe tuvo la última revisión en enero de 2022, cuando el proyecto está todavía en fase de tramitación, de modo que no existen aún objetivos de impacto determinados ni resultados específicos esperados.
Sin embargo, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ha elaborado 2 informes relevantes: el primero explicando el funcionamiento del control automatizado en España y Francia, mientras que el segundo aborda la experiencia internacional en materia de estructura orgánica y protección de datos.
Buenas prácticas para el control y la reducción de la velocidad en América Latina
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